Técnicos municipales plantean recurrir la sentencia ganada por la concejala del PP al Ayuntamiento

La contestación del equipo de Gobierno a la denuncia realizada este miércoles por parte del Partido Popular en relación a la plaza de monitora de socorrismo que se había denegado a una concejala de este partido «por el hecho de ser concejala del Partido Popular» según la portavoz de este partido, Adora Gutiérrez, ha llegado esta misma tarde en voz del propio alcalde que, tras señalar que acatan la sentencia, adelantó que los técnicos municipales están estudiando la posibilidad de presentar un recurso. Según el propio Ramírez Morán, los servicios jurídicos del Consistorio no comparten la sentencia y tampoco que la misma no pueda ser recurrida. El primer edil ha señalado ante la prensa que desde el PP se «tergiversa la cuestión» de forma interesada, ya que en ningún momento se trata de un puesto de trabajo ni de una plaza. El puesto de monitora al que optó la edil popular es un contrato mercantil al que pretendía optar por su condición de autónoma.

Llegados a este punto, el alcalde explicó que una vez que se propuso a la concejal para el puesto, fueron los técnicos municipales, que consideran que existe una «interpretación errónea en el caso» los que advirtieron que no podía ser, «que existe una prohibición de contratar como contratista, según la ley de contratos del sector público, a los concejales». Para añadir que la situación se le explicó a la propia concejala, a la que se le facilitó toda la documentación, aunque finalmente decidió presentar las alegaciones.

Ramírez Morán señalaba también sobre la posibilidad o no de presentar un recurso que serán los técnicos los que presenten un informe y que después deberá ser el equipo de Gobierno el que decida qué hacer. «Los técnicos municipales me han comentado que ellos quieren que haya recurso, porque es su dictamen el que se pone en cuestión, no una decisión política», apostilló.

«Nuestra intención es pagar. El recurso ellos (por los técnicos) no lo plantean por evitar gastar 10.000 euros al Ayuntamiento, sino porque entienden que no es correcta la interpretación con cargo a la jurisprudencia que hay», terminaba diciendo el alcalde al respecto.

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