Modifican los requisitos para acceder a la ludoteca de verano

Hasta ahora, el acceso a estas aulas veraniegas se basaba en la inscripción por orden de llegada. Sin embargo, la normativa autonómica ahora exige evaluar criterios como el nivel de renta per cápita, además de circunstancias como las familias monoparentales, discapacidad, riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género o cuidado de dependientes. «Estos cambios no son decisión municipal, sino que responden a las condiciones impuestas por la Junta«, aclaraba la mañana de este miércoles Isabel Ballesteros, responsable de Infancia y Familia, durante su comparecencia donde relataba todos estos detalles, para añadir que el Consistorio «actúa como entidad ejecutora» del programa, que está cofinanciado con el Ministerio de Igualdad.

En cuanto a la documentación que deberán presentar las familias interesadas, destacan nóminas, pensiones o ayudas públicas de los últimos tres meses, así como informes de vida laboral de los miembros en edad de trabajar. Será la Sección de Servicios Sociales la que verificará los datos con el padrón municipal para asegurar transparencia. «No podemos obviar estos requisitos; son indispensables para cumplir con la subvención», señalaron.

El periodo de inscripción será presencial del 15 al 17 de junio en la Universidad Popular, en horario de 10.00 a 14.00 horas. La ludoteca estará operativa entre el seis de julio y el nueve de septiembre. Contará con 80 plazas iniciales.

El Ayuntamiento subraya que, pese a los cambios, mantiene su compromiso con la conciliación: «El servicio sigue siendo fundamental, pero ahora se rige por criterios económicos más equitativos». Las dudas podrán resolverse durante el proceso de inscripción.

La Junta de Extremadura ha querido matizar las palabras ofrecidas en la rueda de prensa por la concejala Isabel Ballesteros señalando que las modificaciones en cuanto al acceso a la ludoteca «responden a lo contemplado en el acuerdo del Ministerio de Igualdad, que regula el desarrollo de estos programas», y que por tanto la incorporación entre los requisitos de la renta per cápita de las familias interesadas no es imputable a la Administración regional como señaló Isabel Ballesteros.

Desde la Secretaría General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura señalan a este periódico que «la necesidad de conciliación no está vinculada exclusivamente a un determinado nivel de renta», ya que las dificultades para compatibilizar la vida laboral, familiar y personal pueden afectar a familias con circunstancias muy diversas. Además añaden que «la renta no es el único factor que determina el acceso al servicio«, y que «los ayuntamientos cuentan con margen para adaptar y modular la aplicación de los criterios en función de la realidad social y demográfica de cada municipio».