

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda ha sacado a licitación la construcción de 24 viviendas energéticamente eficientes para destinarlas a alquiler social en Almendralejo, por un importe total de 2.258.345 euros.
Las ofertas se pueden presentar hasta el 27de junio.
La consejería financiará hasta un 50 por ciento de la inversión total, con el objetivo de incrementar la oferta de parque público de vivienda y atender así la demanda de alquiler social, según una nota de prensa remitida por la Junta de Extremadura.
La Junta ha destacado esta inversión como refuerzo a las políticas de vivienda y el compromiso con las personas en situaciones de vulnerabilidad, para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, argumentan.
Así se establecerá en el próximo Plan de Vivienda de Extremadura.
Esta actuación pretende fomentar el parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España.
Por tanto, se pretende aumentar el parque público de viviendas de Extremadura, mejorar su calidad, su eficiencia energética y el confort de las personas que residan en las viviendas de promoción pública y luchar así contra la pobreza energética, argumentan desde el Ejecutivo regional.
Además, este proyecto está en consonancia con los compromisos de sostenibilidad y de reducción de la huella de carbono en el sector de la construcción.
Asimismo, esta actuación aboga por atender la vivienda social mejorando su gestión y dotación, para que el parque público «más sostenible, eficiente y más tecnologizado».
Esta mejora de la eficiencia energética del parque público se suma a las acciones destinadas a impulsar la rehabilitación energética en viviendas privadas para las que hay convocados tres programas de ayudas por un importe de 11.1 millones.
Las ayudas se pueden solicitar hasta el 31 de agosto de 2023 y financian hasta el 100% del coste de la actuación cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad económica en alguna de las personas propietarias o usufructuarias de las viviendas incluidas en el edificio objeto de la rehabilitación, recuerdan.
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