El Defensor del Pueblo pide claridad sobre los vertidos
El alto comisionado de las Cortes pide al Ayuntamiento y a la CHG la información requerida por la Plataforma Contra la Contaminación
El Defensor del Pueblo contestaba hace unas fechas a la Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo (PCCA) a raíz de la información que desde este colectivo le habían hecho llegar ante lo que consideran «una falta de transparencia», tanto del Consistorio almendralejense como de la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana. Una falta de información que está relacionada con las continuas peticiones de información que viene requiriendo desde hace meses el colectivo sobre la posible procedencia de los vertidos que se producen de forma periódica sobre los arroyos Las Picadas y Harnina. Vertidos, de claro carácter industrial, que están completamente prohibidos y de los que se desconoce su procedencia.
Para la plataforma ciudadana, la CHG viene evitando entregar cualquier tipo de documentación que pueda determinar si el Ayuntamiento ha incumplido las obligaciones que tendría como responsable último de la estación depuradora de aguas residuales urbanas y del control de los vertidos industriales. Un Ayuntamiento que para la PCCA no informa ni sobre las causas, ni sobre las posibles medidas correctoras si las aplica, ni sobre el grado de cumplimiento de sus obligaciones.
Entre otras cuestiones, el colectivo pregunta «¿Por qué una institución pública escondería información que debería ser de dominio público? ¿Por qué un organismo de cuenca se limitaría a enviar una tabla superficial de expedientes y omitir precisamente los elementos más sensibles?», para contestarse así mismo que «cuando la transparencia se convierte en un obstáculo, el ciudadano se convierte en víctima».
Opacidad estructural
Para la plataforma la comunicación recibida desde la oficina del Defensor del Pueblo es un respaldo a sus reivindicaciones y deja en muy mal lugar a ambos organismos. De ellos la plataforma señala su «opacidad estructural, una cultura del silencio y una negligencia informativa que agrede directamente el derecho ciudadano a saber la verdad», para continuar diciendo que «la falta de información no es solo una negligencia: es una forma de desprotección ciudadana». También recuerdan que más allá de haber recibido esta comunicación el procedimiento que lo conllevó continuará abierto.
Desde la PCCA, que considera que «el silencio contamina más que los vertidos» esperan que ahora esta comunicación sirva tanto a la CHG como al Ayuntamiento para romper sus silencios y ofrecer toda la información requerida desde hace meses.
