La Comunidad de Labradores rechaza el borrador de la nueva PAC
La asociación, que está ligada a Apag-Asaja, considera que es perjudicial para los agricultores de Tierra de Barros
La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo expresa su rechazo al borrador de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), porque considera que las modificaciones y novedades que contempla perjudican los intereses de los agricultores de Tierra de Barros.
Además, insta al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a que eleve el decálogo de propuestas elaborado por profesionales del sector agrario al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para su inclusión en el Plan Estratégico que deberá remitir a Bruselas antes del 31 de diciembre.
La Comunidad de Labradores entiende que España no se puede permitir el lujo de perder más de 4.700 millones de euros respecto a la actual PAC, lo que supone un 10% menos de presupuesto, ya que se trata de un dinero que debe ir a parar al campo en un momento en el que ha habido un incremento de los costes de producción y la caída del precio que percibe el agricultor por su producto.
Consideran que la PAC debe actuar como apoyo a la Europa rural, contribuyendo a la fijación de la población y desempeñando un papel imprescindible en el mantenimiento de los ecosistemas.
Los agricultores consideran que los sistemas de condicionalidad y ecologización deben flexibilizarse para adaptarse a la situación real de las explotaciones agrarias y hacer compatible la rentabilidad de los agricultores con la defensa medioambiental.
La comunidad reclama la equiparación de Extremadura a las regiones de su entorno como Andalucía, «mientras un agricultor extremeño cobra hoy una media de 166 euros por hectárea, uno andaluz puede llegar a los 497 euros.
El apoyo decidido al mantenimiento del olivar y a la viña tradicional de secano con ayudas directas a los agricultores es otra de las propuestas que defiende la Comunidad de Labradores de Almendralejo.
Respecto a las medidas de apoyo al sector vitivinícola, consideran «urgente la implementación de medidas que corrijan los desequilibrios de los mercados» y evitar las demoras que se produjeron hace dos años a causa de la excesiva burocracia.
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