La Comunidad de Labradores pide que se incremente el precio de las expropiaciones del regadío de Tierra de Barros

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo exige al Gobierno extremeño que se pague a los agricultores un precio justo por las tierras afectadas por las expropiaciones para hacer el regadío de Tierra de Barros.

Esta organización, asociada a APAG-ASAJA, asegura que la Administración regional tiene que costear estas expropiaciones como establece la ley y si para ello hiciera falta, piden que se incremente la partida de 8 millones de euros asignada a esta finalidad.

La comunidad, reunida en asamblea esta semana, ha calificado de «intolerable» el precio de 1,15 euros por metro cuadrado que se quiere pagar a los afectados en tierras que se encuentran en plena producción, cuyo valor real se duplica y triplica cuando son explotaciones reestructuradas con espalderas y sistemas de regadío, de las que se obtienen importantes cosechas de uva o aceituna.

Por ello, en la reunión se expuso la necesidad de que la Administración autonómica incremente la partida destinada a las expropiaciones para pagar el precio real que corresponde por esas fincas.

Los agricultores aseguran que el precio que quieren pagar es «totalmente erróneo», ya que para establecerlo han tomado unas variables que no sirven (cultivo, calidad de la tierra y localización), ya que las expropiaciones temporales de servidumbres en las que se vean afectadas estructuras de cultivos supondrán un importante trabajo añadido para el agricultor.

Cuando se procede a una expropiación forzosa, afirman que es la Administración la que tiene que correr con los gastos y no los afectados acudiendo a gabinetes técnicos y jurídicos para presentar sus alegaciones y recursos, como ocurre en este caso.

También acusan de falta de diálogo al secretario general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías, al reiterar que la Administración no negocia en sendas reuniones mantenidas con los afectados.

Además, dudan de la voluntad política para ejecutar el regadío y acusan a la Junta de Extremadura de que el proyecto en «sus inicios está lleno de titubeos, incertidumbres, confusión y falta de presupuesto».